3 de septiembre de 2023- El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, convirtió en ley 17 medidas legislativas entre las que se incluye un enmienda al Código de Anticorrupción para fortalecerlo, así como la medida que crea la Reserva de Celadores de Puerto Rico y otras piezas legislativas relacionadas a la industria de la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura vial.  

Al darle paso al Proyecto del Senado 299 en su reconsideración se enmienda el Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico a los fines de especificar y reafirmar la intención legislativa de que en caso de que un contratista de Gobierno cometa actos delictivos el contrato será rescindido de manera inmediata y el Estado, a través del Departamento de Justicia, podrá reclamar la indemnización correspondiente. Esta ley fue avalada por la Administración de Servicios Generales (ASG), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Oficina del Contralor y la Oficina de la Inspectora General (OIG).

De otra parte, el gobernador firmó el Proyecto del Senado 465 en su reconsideración, para que los celadores de línea que permanezcan como empleados de alguna agencia o entidad del Gobierno puedan ingresar voluntariamente como integrantes de la Reserva de Celadores de Puerto Rico la cual estará adscrita a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y al contratante. Los integrantes de la Reserva continuarán siendo empleados adscritos a las respectivas agencias, corporaciones públicas o entidades del Gobierno a las que fueron transferidos. Los integrantes de la Reserva serán activados a solicitud de la entidad contratante, por lo que corresponderá a esta el adiestramiento de los integrantes.  

En temas de salud el gobernador firmó el Proyecto del Senado 972, la Resolución Conjunta del Senado 296, y el Proyecto del Senado 227.  Al dar paso al Proyecto del Senado 972 se enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico para establecer un procedimiento expedito enfocado en los médicos jóvenes, que debidamente admitidos a la práctica, incluyendo pediatras-cirujanos dentistas o que practiquen alguna especialidad de la odontología, obtengan su decreto de exención de manera expedita. En torno a la Resolución Conjunta del Senado 296, a través de la misma se ordena al Departamento de Salud (DS) a comisionar un estudio que evalúe los modelos de organización existentes o posibles de prestación de servicios de salud incluyendo el Programa de Salud Universal y el modo de financiamiento más adecuado para quienes carecen de planes médicos. También, debe incluir un análisis técnico de la interacción, limitaciones y áreas de convergencia técnica y operacional con los programas de salud federales de Medicaid y Medicare a través de sus excepciones conocidas como waivers. Mientras, con la firma del Proyecto del Senado 227 se crea la Ley para la prevención, detección y tratamiento efectivo de la depresión postparto con el fin de que el DS implemente un protocolo preventivo de detección de síntomas y trastornos de este tipo de depresión.  

Asimismo, el primer ejecutivo convirtió en ley el Proyecto del Senado 1008 para que toda organización de seguros de salud o tercero contratado incluya en el cálculo o en el requisito de contribución o costo compartido cualquier pago, descuento o partida que forme parte de un programa de asistencia, plan de descuentos, cupones o aportación ofrecida al asegurado por el manufacturero del medicamento, considerando esta contribución para todos los fines en beneficio exclusivo del paciente en el cálculo de su aportación.  

De otra parte, el gobernador firmó el Proyecto del Senado 1137 para que, al momento de solicitar un decreto bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico, un Agricultor Bonafide que cuente con una certificación vigente de Agricultor Bonafide expedida por el Departamento de Agricultura (DA) sea acreedor de los beneficios contributivos contenidos en Ley, a partir del primer día del año contributivo durante el cual presentó la aludida solicitud.

Por otra parte, el primer ejecutivo dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 338 que ordena al Departamento de Hacienda a revisar y actualizar las cuantías en las remuneraciones y desembolso de fondos públicos a funcionarios y empleados del Gobierno por concepto de viajes dentro de la jurisdicción de Puerto Rico. De esta forma, se establecen límites para evitar excesos y se revisará, al menos cada cinco años, las cuantías incluidas en el Reglamento.  

Al darle paso al Proyecto del Senado 375, se establecen mediante ley incentivos de $700 mensuales para los maestros del sistema de educación pública que se trasladen a residir de forma temporera en las islas municipio de Vieques y Culebra. Mientras los que viajen diariamente recibirán un incentivo de $300 mensuales.  

Otra medida vinculada a la educación es el Proyecto del Senado 620 para que el Departamento de Educación (DE) provea a los estudiantes sordos del programa de educación especial un interprete de lenguaje de señas, cuando se establezca la necesidad. Por otra parte, a través de las Resoluciones Conjuntas del Senado 148, RCS 150 y RCS 151 se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) a evaluar las transferencias, usufructos o cualquier otro negocio jurídico de las escuelas Nicandro García, Manuel Corchado Juarbe y Francisca Chávez al municipio de Isabela.

Buscando fomentar Acuerdos Colaborativos con entidades educativas privadas y públicas, así como con autoridades portuarias de otras jurisdicciones, Pierluisi firmó el Proyecto del Senado 1070 para que la Autoridad de los Puertos continúe capitalizando y desarrollando la industria marítima incluyendo el pilotaje, el desarrollo de una marina mercante, la construcción de embarcaciones, entre otros.  

Tras firmar el Proyecto del Senado 871 para enmendar la Ley de Armas de 2020, se aclara que la excepción de pedir una licencia de armas para agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico que son mayores de 18 años también aplica a los integrantes de las policías municipales. Esta medida fue favorecida por el Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Departamento de Justicia, la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes. Por otra parte, mediante el Proyecto del Senado 930 se crea la Ley del Internado Velda González de Modestti adscrito a la oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

Otra de las medidas firmadas fue la Resolución Conjunta del Senado 332 que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) realizar un proyecto de infraestructura vial en el municipio de Loíza que sirva como ruta de desalojo ante una emergencia o desastre natural.  

Por último, el gobernador explicó a los presidentes legislativos, mediante carta, las razones para vetar los Proyectos del Senado 141, 962, 615 y el Proyecto Sustitutivo del Senado al Proyecto del Senado 144 y al Proyecto del Senado 147.

El Proyecto del Senado 141 pretendía enmendar la Ley para conceder una licencia a los empleados públicos para donar sangre y la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal a los fines de aumentar a ocho horas al año la licencia con paga por el tiempo incurrido en la donación de sangre. Al indicar que el proyecto legislativo tiene una muy buena intención, el gobernador advirtió que la Sección 2 de la medida fue aprobada con un insalvable error de técnica legislativa. Pierluisi explicó que si hubiese firmado la medida se hubieran derogado al menos ocho beneficios marginales que incluye, la licencia para asistir a la escuela de los hijos, la licencia deportiva sin sueldo, la licencia deportiva especial, el tiempo para renovar la licencia de conducir,  el tiempo voluntario de servicios de emergencias, la licencia militar y el tiempo para vacunar a los hijos.

Por otro lado, el Proyecto del Senado 962 proponía enmendar el Código de Rentas Internas para permitir a la ciudadanía retirar hasta $40 mil de cuentas Individuales de Retiro (IRA) o fideicomisos de empleados sin penalidad contributiva alguna para la compra de los equipos solares y los vehículos impulsados por energía alterna o combinada.  

Tras advertir que la medida tiene un fin loable y que ya existen iniciativas de las agencias del Gobierno a esos fines, el gobernador explicó que se desvirtúa el fin para el cual se crearon las exenciones contributivas en el Código de Rentas Internas para las cuentas IRA o fideicomisos de empleados, las cuales están basadas en, precisamente, promover ahorros a los individuos al llegar su edad de retiro y asegurar que cuenten con los medios suficientes. Además, contrasta con la política pública de la Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral en Puerto Rico de 2023 que busca fomentar la seguridad económica de la población.  

En lo que respecta al Proyecto del Senado 615,  se explicó que durante el proceso legislativo se aprobaron varias enmiendas que modificaron la intención original de la medida la cual tenía lenguaje que hubiese cumplido con la Ley de Apoyo a Estudiantes de Escuelas Públicas del Gobierno de Puerto Rico de 2019.  

Por último, sobre el Proyecto Sustitutivo del Senado al P. del S. 144 y al P. del S. 147, el gobernador sostuvo que el texto aprobado choca con la reglamentación del sistema federal, pues el proyecto iría por encima de cualquier reglamentación que establezca prohibiciones o límites a personas que hayan cometido cierto delitos de ocupar ciertos puestos. Esto tendría el efecto de que los patronos sujetos a reglamentación federal se enfrentarán a conflictos evidentes entre las disposiciones de este proyecto de ley y la reglamentación federal.  

“Esta medida persigue un fin loable al buscar permitir que personas que han cometido delito puedan reinsertarse en la sociedad. Como primer ejecutivo creo firmemente en la rehabilitación. Es por ello que presenté sendas medidas en ambos cuerpos legislativos para ciertas profesiones en Puerto Rico y para reestablecer la facultad del Departamento de Corrección y Rehabilitación de emitir documentos acreditativos de rehabilitación. De esta manera se permitiría contratar personas exconfinadas en los municipios. Creo firmemente en estos modelos, que, como varios estados de la Unión, buscan ir cambiando nuestra perspectiva social sobre las personas  exconfinadas y hacer valer el mandato de rehabilitación. Sin embargo, las versiones de nuestras propuestas no han sido atendidas”, destacó el gobernador.  

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