Gobierno de
Puerto Rico
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Febrero 26, 2025 – La Fortaleza, Puerto Rico – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, envío formal una misiva al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy, Jr., en respuesta al Advance Notice of Methodological Changes for CY 2027 Medicare Advantage Capitation Rates and Part C and Part D Payment Policies emitido por el Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS).
La carta solicita acción administrativa específica para atender las inequidades estructurales que por años han afectado el cálculo de las tarifas de Medicare Advantage en Puerto Rico, una situación que mantiene a la Isla en desventaja frente a los estados.
En su comunicación, la gobernadora enfatizó que Medicare Advantage es la columna vertebral del sistema Medicare en Puerto Rico, con más de 676,000 beneficiarios, incluyendo sobre 305,000 personas dualmente elegibles para Medicare y Medicaid. Advirtió que cualquier ajuste metodológico a nivel nacional sin considerar la realidad particular de la Isla puede tener efectos desproporcionados sobre un sistema que ya opera con los niveles de reembolso más bajos en toda la nación.
La mandataria explicó que Puerto Rico continúa viéndose afectado por una metodología de cálculo basada en el modelo tradicional “fee-for-service”, que no refleja adecuadamente la composición real del mercado local, provocando distorsiones que generan inestabilidad, presión sobre proveedores y limitaciones en la inversión en infraestructura y retención de profesionales de la salud.
Como parte de sus propuestas, solicitó que CMS establezca un “benchmark floor” nacional de al menos 0.70 para comenzar a corregir la disparidad histórica, así como medidas administrativas transitorias que garanticen estabilidad y previsibilidad mientras se atiende la raíz estructural del problema.
La gobernadora recordó que la necesidad de atender esta desigualdad ha sido reconocida en múltiples foros federales durante años, incluyendo expresiones públicas de la pasada administración del presidente Joe Biden, donde se identificó la disparidad en Medicare Advantage como un asunto que requería atención. Sin embargo, dichas expresiones no se tradujeron en acciones administrativas concretas que corrigieran la metodología de cálculo que afecta a Puerto Rico.
“Durante años se habló del problema. Hoy estamos exigiendo soluciones específicas. Puerto Rico no puede seguir esperando”, sostuvo la gobernadora. Previo al inicio del proceso la gobernadora había sometido comentarios al advanced notice dándole seguimientos a una gestión que ha realizado desde que era comisionada residente.
Esta gestión forma parte de una agenda de trabajo directa y coordinada en la capital federal junto a la directora ejecutiva de PRFAA, Gabriella Boffelli. El pasado 20 de febrero, la Gobernadora sostuvo reuniones en la Casa Blanca para discutir mayores fondos de Medicaid y la situación de Medicare Advantage, y posteriormente recibió en Puerto Rico al director del Centro de Medicare en CMS y asesor principal del secretario de salud federal, Chris Klomp, para continuar avanzando soluciones concretas.
La gobernadora subrayó que la necesidad de atender las disparidades en Medicare Advantage para Puerto Rico ha sido reconocida durante años en distintos foros federales, pero que es momento de traducir ese consenso en acción administrativa concreta.
“Puerto Rico no puede seguir operando bajo una fórmula que no refleja nuestra realidad. Estamos trabajando directamente con las agencias federales y con nuestra oficina de PRFAA para lograr ajustes específicos que protejan a nuestros adultos mayores y poblaciones vulnerables. Esta es una prioridad de nuestra administración y la estamos liderando personalmente”, sostuvo.
Cualquier ciudadano puede informar sobre irregularidades en el uso de fondos públicos o que puedan representar el delito de fraude o actos de corrupción pública. Envié un correo electrónico a informa@oig.pr.gov o presente su queja a través de https://www.oig.pr.gov/informa. También puede comunicarse con la línea confidencial de la Oficina del Inspector General (OIG) al 787-679-7979. El denunciante está protegido por ley contra represalias por presentar una queja.
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