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Puerto Rico
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Gurabo, Puerto Rico – 30 de julio de 2025- Cumpliendo con otro compromiso programático, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó el proyecto de administración que crea la Ley de la Policía de Puerto Rico, lo que le da fuerza a la Uniformada para utilizar mejor los recursos fiscales y humanos en la protección de la ciudadanía y erradicación del crimen.
Desde la Academia de la Policía, la gobernadora firmó la medida acompañada por el ahora Superintendente de la Policía, Joseph González, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, el presidente de la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez, el representante por el distrito 9 (Toa Alta y Bayamón) y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes Félix Pacheco Burgos; el senador por Acumulación, Portavoz de la Mayoría del Senado y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano Gregorio B. Matías Rosario y miembros de las distintas divisiones de la Policía de Puerto Rico.
La gobernadora destacó que esta medida busca fortalecer la eficiencia operativa, mejorar la toma de decisiones internas y fomentar una cultura de seguridad pública enfocada exclusivamente en los intereses de los agentes y la ciudadanía. “Hoy damos un paso firme hacia una transformación institucional que reconoce la importancia de que nuestra Policía tenga dirección propia, con los recursos y la autonomía necesarios para responder con mayor agilidad a los desafíos que enfrentamos,” expresó González Colón.
Por su parte, el comisionado Joseph González sostuvo su compromiso con una transición ordenada que preserve la excelencia en el servicio y garantice la estabilidad administrativa de los miles de efectivos que forman parte del cuerpo.
“La firma de esta ley representa un paso histórico y necesario para la Policía de Puerto Rico. Nos devuelve la autonomía administrativa y operativa necesaria para trabajar más eficientemente y fortalecer nuestra misión que es la de protección al pueblo de Puerto Rico. Este cambio nos permitirá atender con mayor prioridad las necesidades de nuestros policías, mejorar las condiciones de trabajo y los recursos disponibles para cumplir con nuestro deber. Es un reconocimiento al valor, sacrificio y compromiso de cada miembro de nuestra Uniformada. A nombre de los más de 11,000 agentes, los 697 cadetes y los 837 civiles que laboramos en la Policía de Puerto Rico, doy las gracias a la gobernadora Jenniffer González porque tuvo la visión de forjar esa política pública y convertirla en ley de manera prioritaria”, dijo Joseph González, quien ahora será superintendente de la Policía.
La Medida de Administración número 14 (Proyecto de la Cámara 406) ahora pasa a ser la Ley 83-2025.
La actividad contó con la presencia de personal activo de la Policía, integrantes de la Liga Atlética de la Policía, personal de Operaciones Tácticas, Consejos de Seguridad Vecinal, el Comité de Interacción de ciudadanos, personal de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales, directores del Centro de Investigaciones Criminales, personal de la División de Vehículos Hurtados, personal de la División de Explosivos, personal de la División de Robo de Bancos, Poligrafistas y otras divisiones, quienes respaldaron la iniciativa como una oportunidad para reforzar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.
Además, la gobernadora convirtió en ley otros dos proyectos de Administración, cada uno enfocado en atender necesidades urgentes de seguridad para nuestra ciudadanía.
La Medida de Administración número 31 (Proyecto del Senado 454) ahora pasa a ser la Ley 84-2025.
Buscar fortalecer del Código Anticorrupción, mediante enmiendas a la Ley 2-2018 con el fin de mejorar la fiscalización gubernamental, optimizar la coordinación entre agencias y garantizar la implementación efectiva de políticas contra la corrupción.
Entre los cambios más relevantes, se reafirma la facultad investigativa de cada agencia sobre sus contratistas y se formaliza la estructura del Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción, liderado por Ética Gubernamental e integrado por diversas entidades estatales y federales. Además, se establecen sus funciones específicas en torno a la colaboración interagencial, la recepción de querellas y la mejora de procesos administrativos y criminales, promoviendo la rápida promulgación de reglamentos para evitar retrasos operativos.
La Medida de Administración número 42 (Proyecto de la Cámara 487) ahora pasa a ser la Ley 85-2025.
Propone enmendar el Artículo 7.04(a) de la Ley Núm. 20-2017 para otorgarle al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) jurisdicción concurrente en la investigación de casos de explotación financiera contra adultos mayores, específicamente cuando los hechos sean cometidos por personal de instituciones de cuidad.
Esta acción responde al alarmante aumento de más de 13,200 referidos por maltrato en 2023, siendo la explotación económica una de las formas más comunes. La ley busca fortalecer la capacidad del Estado para investigar y prevenir estos delitos, mejorar los mecanismos de protección y fomentar una coordinación interagencial ágil y efectiva. Entre los cambios principales se destaca la inclusión de un nuevo inciso (el 20) en la Ley 20-2017, que formaliza este nuevo rol del NIE.
Cualquier ciudadano puede informar sobre irregularidades en el uso de fondos públicos o que puedan representar el delito de fraude o actos de corrupción pública. Envié un correo electrónico a informa@oig.pr.gov o presente su queja a través de https://www.oig.pr.gov/informa. También puede comunicarse con la línea confidencial de la Oficina del Inspector General (OIG) al 787-679-7979. El denunciante está protegido por ley contra represalias por presentar una queja.
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