Gobierno de
Puerto Rico
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La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico, 16 de octubre de 2026— La gobernadora Jenniffer González Colón anunció hoy cuatro medidas legislativas de administración dirigidas a establecer un marco para la innovación clínica y la medicina regenerativa, regular los juegos de azar en línea con recaudos destinados a financiar aumentos a las pensiones de los jubilados del sector público, atender el incumplimiento de acuerdos de divorcio en sede notarial y fortalecer el acceso lingüístico de las personas sordas.
“Con estas propuestas, seguimos adelantando una agenda que atiende necesidades concretas de nuestra gente. Queremos promover la innovación médica con protecciones para los pacientes, establecer reglas claras para los juegos de azar en línea y destinar sus recaudos a nuestros jubilados, facilitar el cumplimiento de los acuerdos de divorcio y ampliar el acceso de las personas sordas a los servicios del Gobierno”, expresó la gobernadora.
La medida de administración A157 propone crear la Ley de Innovación Clínica y Medicina Regenerativa de Puerto Rico, que reconocería el derecho de los pacientes a optar por tratamientos innovadores, sujeto a las disposiciones de la legislación y al ordenamiento federal aplicable. Además, busca incentivar la inversión de capital y el establecimiento, desarrollo y expansión de instalaciones dedicadas a la producción, procesamiento y manufactura de productos de medicina regenerativa y sus derivados en la Isla.
La propuesta crearía la Junta de Innovación Clínica y Medicina Regenerativa de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud, y establecería un régimen especial de permisos y normas de calidad, seguridad, competencia profesional, trazabilidad y cadena de identidad y custodia. También contempla requisitos de consentimiento informado, transparencia y protección al paciente, así como la recopilación responsable de información sobre seguridad y resultados clínicos.
Asimismo, establecería normas sobre el origen ético de los productos celulares y dispondría expresamente que la legislación no autoriza la derivación, obtención, manufactura ni administración de células madre embrionarias. La medida incluye un estándar especial de responsabilidad civil, mecanismos de fiscalización y penalidades para las conductas prohibidas.
Por su parte, la medida A158 propone establecer la política pública sobre los juegos de azar en línea, conocidos como iGaming, mediante enmiendas a la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. La iniciativa establecería el marco legal, regulatorio, contributivo y de fiscalización para esta modalidad, con requisitos, condiciones y limitaciones para operadores, proveedores y jugadores.
La propuesta contempla protecciones al consumidor, medidas de juego responsable, ciberseguridad y prevención de fraude y lavado de dinero. También definiría las facultades de la Comisión de Juegos y los mecanismos de coordinación con el Departamento de Hacienda, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y otras instrumentalidades gubernamentales pertinentes para una adecuada fiscalización de este nuevo sector de la industria.
Como parte de este marco, se establecería un arbitrio sobre los Ingresos Brutos Ajustados del Juego y dispondría la distribución y utilización de esos recaudos para financiar aumentos a las pensiones de los jubilados del sector público del Gobierno de Puerto Rico.
“Esta propuesta vincula la regulación de una actividad económica con una prioridad de nuestra administración: atender a los jubilados del servicio público. Buscamos establecer una estructura de fiscalización que incluya protecciones al consumidor y permita destinar los recaudos del arbitrio a financiar aumentos en sus pensiones”, sostuvo González Colón.
La medida A159, entretanto, propone enmendar el Artículo 473 del Código Civil de Puerto Rico para establecer el procedimiento que se seguiría cuando se incumplan las estipulaciones de un divorcio formalizado en sede notarial. La iniciativa busca precisar el trámite aplicable para atender esos incumplimientos, algo que no había sido atendido hasta ahora por nuestro ordenamiento jurídico.
Finalmente, la medida A160 propone crear la Ley para el Reconocimiento y Uso Complementario del ASL y del Lenguaje de Señas Puertorriqueño, que reconocería el American Sign Language (ASL) y el Lenguaje de Señas Puertorriqueño (LSPR) para propósitos gubernamentales.
La propuesta establecería una política pública para el desarrollo, uso y coordinación de ambos lenguajes, con una implementación progresiva y conforme a los recursos disponibles, dirigida a garantizar el acceso lingüístico de las personas sordas en Puerto Rico. También contempla facultades de reglamentación, capacitación y colaboración comunitaria, así como la obligación de emitir informes periódicos y diversas enmiendas a la Ley 1-1993.
“El acceso a los servicios públicos requiere que podamos comunicarnos y atender las necesidades de las personas sordas. Con esta medida, proponemos reconocer el ASL y el Lenguaje de Señas Puertorriqueño como idiomas oficiales del Gobierno de Puerto Rico y por lo tanto, establecer las correspondientes herramientas de capacitación y colaboración comunitaria para avanzar en esa dirección”, manifestó la gobernadora.
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