Gobierno de
Puerto Rico
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La gobernadora Jenniffer González Colón, convirtió en ley el Proyecto del Senado 1140, que integra en la Ley de Servicio Público de Puerto Rico las disposiciones que regulan el transporte o carga de agregados por vías públicas para fines comerciales e industriales.
La Ley 224-2026, de la autoría del senador Héctor J. Sánchez Álvarez, procura facilitar la aplicación de los requisitos de permisos, tarifas y obligaciones bajo la jurisdicción del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP), así como preservar el equilibrio entre la disponibilidad de transportadores y la demanda de este servicio.
“Con esta ley reunimos en un solo marco legal las disposiciones que rigen una actividad importante para la construcción y el desarrollo de obras en Puerto Rico. También establecemos responsabilidades claras para quienes contratan estos servicios, incluyendo el cumplimiento con las tarifas autorizadas y el pago oportuno a los transportadores”, expresó la gobernadora.
La legislación añade un nuevo Artículo 73-A a la Ley de Servicio Público de Puerto Rico y dispone que el dueño de la carga deberá contratar el transporte conforme a las tarifas autorizadas por el NTSP y pagar al transportador dentro de un término de 15 días.
Además, establece su responsabilidad por el exceso de carga que autorice y contempla multas administrativas e intereses por pagos atrasados.
Asimismo, faculta al Negociado para expedir permisos y autorizaciones provisionales, mantener un registro de transportadores, fiscalizar la actividad y establecer tarifas justas y razonables. La medida también dispone las causas y garantías procesales aplicables a la denegación, suspensión o revocación de permisos.
En el caso de la carga vinculada a obras financiadas con fondos públicos, la ley exige su distribución mediante turnos de rotación numérica entre los concesionarios autorizados, conforme a la reglamentación del NTSP. La actividad realizada en vehículos pesados del Gobierno y de los municipios queda excluida de estas disposiciones.
“Queremos que quienes trabajan en esta industria cuenten con reglas claras y que el servicio esté disponible para atender las necesidades comerciales e industriales de la isla. El cumplimiento con los permisos, las tarifas y las condiciones de contratación es parte de ese esfuerzo”, añadió González Colón.
Cualquier ciudadano puede informar sobre irregularidades en el uso de fondos públicos o que puedan representar el delito de fraude o actos de corrupción pública. Envié un correo electrónico a informa@oig.pr.gov o presente su queja a través de https://www.oig.pr.gov/informa. También puede comunicarse con la línea confidencial de la Oficina del Inspector General (OIG) al 787-679-7979. El denunciante está protegido por ley contra represalias por presentar una queja.
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