Acciones de la gobernadora hacen innecesario ningún aumento en la tarifa de la luz

15 de abril de 2026- La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico – Consonó con la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón y su administración de encaminar la estabilización del sistema eléctrico con el menor impacto al bolsillo del consumidor, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público rechazó los aumentos solicitados por los componentes del sistema eléctrico, que hubieran elevado los costos de la tarifa eléctrica desmesuradamente. Por lo tanto, según anunciado por el Negociado, los cambios en la tarifa como resultado de la redistribución de los costos del sistema eléctrico, no representarán un impacto sustancial en la factura del cliente residencial promedio.

“Nuestra administración se ha mantenido firme en que no se trasladen a los ciudadanos los costos derivados de ineficiencias operacionales o fallas en la administración del sistema. Nuestro enfoque es la transformación del sistema usando los fondos federales que aseguré mientras estaba en el Congreso, maximizar el respaldo del gobierno federal en nuestro trabajo, ser competentes al tener un sistema confiable y mejorar la calidad de la vida de la gente con un servicio básico eficiente. Nuestras acciones han logrado añadir generación y bajar los costos”, expresó la gobernadora Jenniffer González.

“Agradezco al Negociado de Energía de Puerto Rico de la Junta Reglamentadora de Servicio Público por haber escuchado mis reclamos a favor del pueblo y por haber reconocido los trabajos que estamos ejecutando desde el primer día que juré como gobernadora para darle estabilidad energética a la isla. Estas acciones que hemos ido tomando llevaron a que el Negociado se negara a aumentar el requisito de ingreso, lo que hubiese premiado la falta de diligencia y eficiencia de los componentes privados como LUMA del sistema energético y trastocaría al bolsillo del consumidor que ya ha sufrido suficiente a causa de sus ineficiencias. Son sobre $15,000 millones en fondos federales que conseguí en el Congreso que siguen disponibles, que los operadores deben poner a correr y garantizar su uso para la estabilidad energética”, añadió González Colón.

La gobernadora repasó las acciones puntuales ejecutadas bajo su administración para transformar el sistema de energético, para que este sea uno más confiable y económico para el pueblo.

La gobernadora encaminó la salida de LUMA de manera ordenada identificando los incumplimientos de contratos mediante recursos legales que están ante la evaluación de los tribunales.

En lo que va de cuatrienio se ha avanzado con la transformación del sistema energético aumentando y diversificando la producción de energía en la isla, evitando los apagones masivos que se pronosticaron para el verano del 2025 y logrando un clima de confianza y estabilidad para atraer la inversión y mejorar la calidad de vida de los residentes. Se aumentó la generación de energía con 1,200 megavatios; se lanzaron subastas de 3,000 megavatios de generación permanente y 800 megavatios de generación temporera; se rehabilitaron unidades que estaban fuera de servicio y otras se convirtieron a gas natural, para que el costo de producción de energía sea más económico.

Se están construyendo los lugares de almacenamiento de energía de sistema de baterías de 430 MW e instalando las con una inversión de $758 millones en fondos federales; estos ayudarán a reducir los relevos de carga en un 90% y ahorros de $100 millones anuales en generación.

En Costa Sur se desarrollará la instalación de mayor capacidad a nivel isla del programa “Peakers”, (turbinas modernas de arranque y respuesta rápida), con 100 megavatios (MW) adicionales que fortalecerán la confiabilidad del sistema en momentos de alta demanda.

Se logró las aprobaciones para acceso a fondos federales para las conversiones de unidades en las centrales Palo Seco y San Juan.

Para el suplido de gas natural, se renegoció el contrato con New Fortress Energy del que se logró un ahorro directo de $16,000 millones; se redujo el término del contrato de 15 años a 7 años; y se eliminó la cláusula de exclusividad que impedía diversificar suplidores.

“Hoy vemos uno de los importantes frutos de todas estas acciones durante los pasados 15 meses, el rechazo por el Negociado de Energía al aumento solicitado”, concluyó la primera mandataria.

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