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La Fortaleza
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Jenniffer A. González Colón
Sello del Gobierno de Puerto Rico

Gobernadora convierte en ley medidas sobre el crédito por trabajo y definir el delito de daños

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18 de marzo de 2026- La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico- La gobernadora Jenniffer González Colón continúa con la evaluación de medidas que llegan antes su consideración con la firma de dos proyectos que buscan desde maximizar la implementación del Crédito por Trabajo, hasta llenar un vacío legal en el Código Penal de Puerto referente al delito de daños.

Ley 44- 2026 | Proyecto del Senado 244

De la autoría de la senadora Migdalia Padilla Alvelo.

La medida busca maximizar la implementación del Crédito por Trabajo, actualizando las referencias a la legislación vigente.

Desde la óptica del Programa de Gobierno de esta administración, la medida es consistente con objetivos de eficiencia administrativa y claridad normativa, al promover que la gestión pública opere sobre textos precisos que reduzcan errores, retrasos y cargas burocráticas innecesarias para el ciudadano y para la administración contributiva.

El Crédito por Trabajo o Earned Income Tax Credit (EITC) fue impulsado por la hoy gobernadora, Jenniffer González cuando fue congresista, logrando la aprobación del lenguaje que permite que Puerto Rico opere ese programa y que se tenga acceso a millones en fondos federales; cabe señalar que tendríamos acceso a más fondos si no fuera por el estatus territorial de la isla.

Ley 45- 2026 | Proyecto del Senado 690

Radicado por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y como coautores tiene a los senadores Wilmer Reyes Berríos, Jeison Rosa Ramos, Brenda Pérez Soto y Rafael Santos Ortiz.

La medida enmienda el Código Penal de Puerto Rico para incluir el delito de daños en su modalidad menos grave como uno de los delitos base para el delito de escalamiento. El escalamiento constituye un delito de naturaleza peligrosa, ya que la mera violación a la seguridad de un hogar o negocio genera un riesgo considerable para las personas y sus bienes, independientemente de cuál sea el delito final que se pretenda cometer.

La medida procura fortalecer la protección de la inviolabilidad del hogar, la seguridad de los bienes y la coherencia del ordenamiento jurídico, al subsanar la disparidad normativa existente entre distintas formas de atentados contra la propiedad.

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