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(La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico, 1 de abril de 2026) – La gobernadora, Jenniffer González Colón, detalló hoy, junto al secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, el Plan de Transición para la salida del síndico (Third Party Fiduciary Agent, TPFA) aprobado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE), marcando un paso firme hacia la autonomía fiscal y administrativa del sistema educativo público.
El anuncio, realizado mediante una transmisión en vivo a través de Facebook, confirma que el Departamento de Educación de Puerto Rico ha alcanzado un cumplimiento de 99.9% en su Comprehensive Corrective Action Plan (CCAP), lo que, valida la solidez de sus procesos, controles internos y la utilización correcta y transparente de los fondos federales.
“Este es un momento decisivo para nuestro sistema educativo. Haber alcanzado un 99.9% de cumplimiento demuestra que Puerto Rico tiene la capacidad, la disciplina y el compromiso para administrar sus recursos con responsabilidad. La salida paulatina del síndico representa, además, un ahorro significativo de fondos públicos que ahora podrán ser redirigidos directamente a nuestras escuelas, a los salones de clase y a los servicios que reciben nuestros estudiantes, como las terapias y apoyos especializados”, expresó la gobernadora.
El plan aprobado establece una transición escalonada, mediante la cual el Departamento asumirá progresivamente las funciones fiscales críticas, garantizando el cumplimiento de los requisitos federales y la continuidad operacional. Asimismo, se contemplan reportes recurrentes que evidencian el cumplimiento de los entregables claves, así como la continuidad de los procesos de eficiencia desarrollados bajo el CCAP.
Por su parte, el secretario de Educación destacó que esta nueva etapa también consolida estructuras internas que aseguran la sostenibilidad del progreso alcanzado.
“Estamos viendo los resultados de un trabajo consistente y responsable. La creación de una Oficina de Cumplimiento dentro del Departamento fortalece nuestros controles internos, permite una supervisión fiscal más rigurosa, garantiza la rendición de cuentas y crea sostenibilidad en los procesos. Además, hemos logrado una transferencia de conocimiento esencial que antes residía en el síndico y que ahora queda dentro de nuestra agencia, fortaleciendo nuestra capacidad institucional”, sostuvo Ramos Parés.
Como parte de esta transformación, ya fue aprobada la legislación para la creación de la figura del Chief Financial Officer (CFO), lo que robustece aún más la gobernanza fiscal del Departamento y asegura la continuidad de prácticas financieras sólidas.
La nueva Oficina de Cumplimiento asumirá funciones previamente delegadas al TPFA, incluyendo la intervención en facturas, órdenes de compra, pagos de nómina y requisiciones. Además, servirá como enlace principal ante entidades fiscalizadoras como la Oficina del Inspector General (OIG), la Contraloría y los procesos de auditoría federal (Single Audit).
El Departamento también logró negociar una reducción significativa de aproximadamente un 40% en el contrato del síndico, equivalente a cerca de un millón de dólares mensuales en ahorros. En total, la salida del síndico representa un ahorro anual de $32 millones. Estos recursos podrán ser reinvertidos directamente en servicios esenciales para los estudiantes y en el fortalecimiento de las escuelas públicas.
“Cada dólar que dejamos de invertir en burocracia es un dólar que podemos invertir en educación. Ese es nuestro norte: que los recursos lleguen al salón de clases, que impacten directamente al estudiante y que fortalezcan la experiencia educativa en Puerto Rico”, añadió la gobernadora.
La aprobación del plan por parte del USDE reconoce el compromiso sostenido del Departamento de Educación con la implementación efectiva de sus medidas correctivas y sienta las bases para una mayor autonomía operativa, eficiencia administrativa y confianza en el manejo de los fondos públicos.
Cualquier ciudadano puede informar sobre irregularidades en el uso de fondos públicos o que puedan representar el delito de fraude o actos de corrupción pública. Envié un correo electrónico a informa@oig.pr.gov o presente su queja a través de https://www.oig.pr.gov/informa. También puede comunicarse con la línea confidencial de la Oficina del Inspector General (OIG) al 787-679-7979. El denunciante está protegido por ley contra represalias por presentar una queja.
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