“En mi gobierno he procurado que prevalezca el balance en todas las decisiones que he tomado, por lo que decidí no impartir mi firma al Proyecto de la Cámara 474 que crea la Ley de Legitimación Activa Ambiental. Proteger nuestro ambiente es política pública de mi administración y eso se puede constatar mediante las medidas puntuales que he tomado, incluyendo la asignación de mayores recursos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el cual precisamente reclutará más vigilantes para velar por el cumplimiento de nuestras leyes ambientales, algo que no se hace desde hace casi 20 años. De hecho, he utilizado fondos estatales y federales para dar paso a iniciativas importantes, tales como la atención al cierre de vertederos que están en incumplimiento, la disposición de gomas usadas para que sean recicladas, la siembra de árboles, la reforestación de cuencas hidrográficas, la restauración de dunas playeras , y la conservación y tratamiento de corales. También he acogido sobre 80 recomendaciones del Comité de Expertos de Cambio Climático, muchas de las cuales están siendo implementadas.En nuestro ordenamiento legal actual, los ciudadanos tienen el derecho de presentar reclamaciones al gobierno y solicitar del Estado la reparación de agravios. Además, existen procesos rigurosos de permisos que requieren el cumplimiento con las leyes de protección ambiental y permiten que cualquier persona o entidad realmente afectada por cualquier proyecto que impacte el ambiente participe en los procesos y se oponga a la concesión de los permisos requeridos.Dar paso a esta medida tendría como consecuencia una proliferación desmedida de pleitos judiciales innecesarios que atrasarían la reconstrucción en curso, así como la recuperación económica y creación de empleos que hemos logrado en los pasados dos años. Más aún, la medida hace caso omiso de la legislación y jurisprudencia actual que permite la revisión administrativa y judicial de los procesos y las decisiones de agencias del gobierno. Por consiguiente, no hay razón para trastocar el estado de derecho actual que propicia tanto la conservación como el aprovechamiento de nuestros recursos naturales como bien lo establece nuestra Constitución”.