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Gobernador Rosselló Nevares comprometido con facilitar el desarrollo económico de Puerto Rico

Gobernador Rosselló Nevares comprometido con facilitar el desarrollo económico de Puerto Rico

(4 de abril de 2017 – San Juan) El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó hoy las enmiendas a la Reforma de Permisos, convirtiendo así esta medida en la Ley 19 de 2017, un estatuto dirigido a agilizar el proceso de permisos y así promover la inversión, la creación de empleos y el desarrollo económico de la Isla.

“Hace unas semanas presentamos este proyecto que hoy convertimos en ley con el propósito de promover la ampliación de la economía mediante un modelo donde el Gobierno facilite el desarrollo económico. Con esta ley continuamos cumpliendo nuestro compromiso de convertir a Puerto Rico en un destino atractivo para la inversión”, destacó Rosselló Nevares.

Gracias a la ley se consolidan los trámites de permiso de uso, certificación de prevención de incendio, salud ambiental, licencias y autorizaciones en un solo Permiso Único, para facilitar este proceso.

Además, se crea el Permiso Único Incidental Operacional, el cual simplifica y reduce los pasos para obtener un permiso, pues consolida trámites como la autorización de corte, poda y trasplante, el permiso general consolidado, el permiso general para otras obras y el permiso de extracción incidental a una obra autorizada. También establece términos específicos para evaluar y adjudicar las solicitudes presentadas, lo que brinda certeza.

“El proceso legislativo respetuoso y amplio que se dio en la Cámara y el Senado, con los diversos sectores, que concluyó en la firma de esta legislación, representa un paso necesario en la creación de las condiciones más favorables para proveer certeza y confianza al inversionista externo e interno, en el proceso de evaluación de permisos. Con este paso, sumamos otra reforma estructural apremiante para elevar nuestra competitividad y ponernos en mejor posición para atraer el capital que tanto necesitamos para revigorizar nuestra economía y generar oportunidades de empleo en Puerto Rico”, expresó el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, el arquitecto Ricardo Álvarez-Díaz.

Para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), el estatuto crea un mecanismo que permitirá la obtención del Permiso de Uso de forma automática.

De otro lado, la ley crea el Sistema Unificado de Información que permitirá la integración y agilización de todos los requisitos para hacer negocios en Puerto Rico en un solo portal digital (One Stop-PR Doing Business). Además, se fortalece la transparencia, pues hace disponible al público en general todas las solicitudes en un mismo portal, indistintamente estos sean de los municipios autónomos o del Gobierno central.

También se permite y viabiliza la radicación de todas las solicitudes de los municipios autónomos por medio de la misma plataforma digital.

“La aprobación de la ley de permisos es un paso positivo ya que refleja, en espíritu, la flexibilización y simplificación del proceso oneroso de permisos que ha impactado negativamente la competitividad y ayuda a crear un ambiente más propicio de inversión, necesario para reactivar la economía de la Isla”, declaró el portavoz de la Coalición del Sector Privado y presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el CPA David Rodríguez.

El Índice de Libertad Económica para Puerto Rico elaborado por el Centro de Renovación Económica, Crecimiento y Excelencia (CRECE) indica que el nivel de libertad económica en la Isla se ha afectado por la cantidad de procesos, tiempo y dinero que toma conseguir un permiso de construcción.

Puerto Rico ha enfrentado una crisis económica y fiscal agravada por una drástica caída de inversión en construcción pública y privada de 51.5%.

“La nueva Ley de Permisos es un buen comienzo para la transformación final que debe experimentar dicha área. Agradecemos que se hayan acogido algunas de las recomendaciones del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y que la ley reconozca la capacidad profesional de los ingenieros y arquitectos para emitir permisos de uso automáticos (Profesionales Autorizados). Esto, sin duda, dará más agilidad al proceso y tendrá un efecto positivo en nuestra economía”, declaró el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el ingeniero Ralph A. Kreil Rivera.

En Puerto Rico, obtener un permiso de construcción toma 165 días y 20 procesos, lo que redunda en pérdida de oportunidades de empleo y la competitividad como destino de inversión y negocios. Según el reporte Doing Business del Banco Mundial, la Isla está clasificada en posición 131 de 190 en permisos de construcción.

Por otro lado, el estatuto enmienda la Sección 8.5 de la Ley 161-2009. No obstante, esto no alteró la facultad de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) por medio de la División de Cumplimiento Ambiental de considerar tanto los documentos de Evaluación Ambiental como los de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para los proyectos pertinentes.

Igualmente, dicha sección indica que “en aquellos casos en que la acción propuesta contemple proyectos cuya operación es regulada por la Junta de Calidad Ambiental, la Oficina de Gerencia de Permisos requerirá a la Junta de Calidad Ambiental recomendación sobre el documento ambiental presentado para dicho proyecto”. Es decir, que siempre habrá injerencia del Estado en la evaluación de proyectos que puedan tener un impacto ambiental.

Por otro lado, el estatuto crea un Comité Ad Hoc para designar aquellos proyectos estratégicos para los cuales exista un interés apremiante del Estado y se centraliza en la OGPE la evaluación de esas solicitudes.

En el Artículo 4 (c) de la Ley 416-2004 (Ley de Política Pública Ambiental) se elimina la duplicidad de procesos respecto a las DIA sobre proyectos de carreteras, puentes, autopistas u otras instalaciones de tránsito y transportación, que han sido previamente aprobados por las agencias federales, a tenor con la Sección 102 (C) delNational Environmental Policy Act of 1969 y que sea notificada en el Registro Federal (Federal Register). Lo que se busca es que aquellos proyectos que ya cuenten con una evaluación ambiental federal, no tengan que requerir una local para evitar demoras innecesarias pues el proyecto ya ha sido evaluado por las autoridades federales.

“Este es un paso en la dirección correcta para restablecer la confianza, promover desarrollo económico y crear empleos. Es importante que nos enfoquemos en la agilización de los procesos para facilitar la manera de hacer negocios en Puerto Rico. Felicitamos al gobernador y a la legislatura por este gran logro”, comentó el presidente de la Asociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico, el ingeniero Francisco Díaz Massó.

El nuevo estatuto elimina el requisito de un estudio de impacto económico que establece el Artículo 2.16 de la Ley 161-2009 y el inciso (31) del Artículo 11 de la Ley Núm. 75 de 1975. La mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos no tienen este requisito y se elimina con el propósito de facilitar y propiciar la creación de un ambiente de desarrollo económico libre de inconvenientes que impidan la concesión de permisos y entorpezcan el crecimiento y establecimiento de mayores negocios en Puerto Rico.

Según se destaca, esta enmienda fomenta la competencia con el menor número de restricciones posibles para que sean los consumidores quienes escojan donde prefieren adquirir bienes y servicios y el Gobierno no se convierta en una piedra en el camino para la inversión económica local o extranjera. Al final del día, se deja en manos del consumidor, y no del Gobierno, determinar el éxito y la viabilidad de un negocio o empresa.

La ley ofrece certeza en la regulación al establecer la aplicabilidad del Reglamento Conjunto en todo Puerto Rico, lo que significa que todos los municipios autónomos comenzarán a utilizarlo. Asimismo, se fortalece la fiscalización y transparencia, independizando el sistema de querellas de la OGPE al transferirlo a la Junta de Planificación.

A la vez, se simplifican y consolidan trámites de permisos de reconstrucciones, remodelaciones, construcciones, demolición y obras de urbanización en un solo trámite de Permiso de Construcción.

La ley también creó un proceso de amnistía que permitirá a todo ciudadano la legalización de aquellas construcciones realizadas sin los permisos correspondientes.

Durante la firma —que se llevó a cabo en Puerta de Tierra Community Development, proyecto que constará de 174 apartamentos— estuvieron presentes los presidentes de la Cámara y el Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, respectivamente; el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, Víctor Parés; el vicepresidente de Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora; el presidente de la Comisión de Asuntos Internos del Senado, Larry Seilhaimer; el representante de Precinto 1 de San Juan, Eddie Charbonier; y la presidenta de la Junta de Planificación, María del C. Gordillo Pérez.

También estuvieron presentes el director de OGPE, Ian Carlo Serna; la asesora de Desarrollo e Infraestructura del gobernador, María Palou; el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Ricardo Álvarez-Díaz; el director ejecutivo de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, José Alberto Feliciano; el presidente de la Asociación de Contratistas de Puerto Rico, Francisco Díaz-Massó; y el coordinador de la Coalición del Sector Privado, Francisco Montalvo Fiol.



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