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Gobernador reafirma colaboración con las autoridades federales en la lucha contra el crimen

Gobernador reafirma colaboración con las autoridades federales en la lucha contra el crimen

San Juan- 24 de enero de 2013 – Como parte de la implementación de su plan anti-crimen, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla anunció hoy la firma de un Memorando de Entendimiento que extiende los acuerdos existentes entre la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el Procurador General de Estados Unidos para procesar en la jurisdicción federal a imputados de ciertos delitos violentos, relacionados con drogas y armas ilegales. El acuerdo, que representa una pieza importante en la estrategia anti-crimen de García Padilla, amplía además su aplicación a dos nuevas regiones, aumenta los abogados del Departamento de Justicia destacados en los “Strike Forces” y permite mayor discreción al secretario de Justicia para asumir jurisdicción en algunos casos.

En la reunión estuvieron presentes la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez; la asesora especial de la fiscal federal, Jacqueline D. Novas; el director de la División Criminal, José Ruiz; José Capó, director de la Unidad de narcóticos federal; Carlos Cases y Arístides Beaton agentes especiales a cargo del Negociado de Investigaciones Federales; Pedro Janer, agente especial a cargo de la Administración Anti-Drogas; Ángel Meléndez, agente especial a cargo de Inmigración y Aduanas; José Baquero, Director, director de la Agencia de Seguridad en la Transportación; Marcelino Borges, director de operaciones de campo de Protección Aduana y Frontera; Johnny Morales, director de la Oficina de Marina Aérea de Protección Aduana y Frontera; Orlando Rivera, alguacil general del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos; Frank Amarillas, director de la División de Aguadilla de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos; Cap. Drew Pearson, de la Guardia Costanera de los Estados Unidos; y Eliezer Julián, coordinador del los Inspectores del Servicio Postal de los Estados Unidos.

García Padilla indicó que de acuerdo con las estadísticas de la Policía, los asesinatos en las regiones que ahora formarán parte del acuerdo, Guayama y Fajardo han aumentado notablemente. En el caso de la región de Guayama el aumento es de un 39% durante el pasado año, mientras en la Región de Fajardo el incremento de asesinatos para ese mismo periodo fue de 48%.

El acuerdo provee para que las autoridades federales tengan jurisdicción primaria en ciertos casos de violación a la de Ley de Sustancias controladas como posesión, transportación e incautación de drogas a través de los puertos de entrada a la Isla por aire o mar o si se puede hacer una conexión con traficantes de droga internacionales.

Así también en casos de robo de autos a mano armada “carjacking” en las regiones en las que está vigente y aquellos casos en los que se produzca una muerte, se produzca un secuestro, uso de armas automáticas o donde las víctimas sean menores, como parte del robo sin importar el área judicial donde ocurran los hechos.

La semana pasada el gobernador anunció el inicio de la activación de la Guardia Nacional y la Policía de Puerto Rico para vigilar las costas, puertos y aeropuertos para evitar la entrada de drogas y armas ilegales a la Isla. Ésta estrategia, denominada “Escudo Costero” cuenta además con la participación de agencias federales como Custom & Border Protection, Air & Marine Branch, Immigration & Custom Enforcement (ICE/HIS), Office of Field Operations, US Coast Guard, Drug Enforcement Administration (DEA), y Transportation Security Administration (TSA) y a la Fiscalía Federal.

En el memorando anunciado hoy, los federales tendrán jurisdicción primaria en ciertos casos de robos e instancias como en los tiroteos de carro a carro; y casos de explotación de menores y ofensores sexuales en los que se violen secciones específicas del Código Penal federal.

Se dispone para el FBI tenga un agente especial y un agente del “Task Force” disponible para acudir a las escenas de los casos de jurisdicción primaria en las siete regiones judiciales y para la asignación de un fiscal federal en los casos de armas ilegales y crímenes violentos en el área metropolitana.

Además el Departamento de Justicia asignará dos fiscales o abogados litigantes adicionales a los seis que ya están destacados para que trabajen exclusivamente con el “Strike Force” en casos de armas ilegales y crímenes violentos.

“Éstas estrategias, de la mano de acciones centradas en el tratamiento salubrista al drogo-dependiente, aumentar las oportunidades educativas de nuestros jóvenes y de la creación de empleos que den el empujón que necesita nuestra economía serán determinantes para devolverle a la gente la esperanza de una vida sana dirigida al bien social”, puntualizó García Padilla.



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